Новости от 08 сентября 2018 года из блога, посвященного практике в Европейском суде по правам человека ЕСПЧ

Обновлено 08.09.2018 06:58

 

Sentencia ECHR de 09 de enero de 2018 en el caso de López Ribalda y otros c. España (demanda núm. 1874/13).

En 2013, se ayudó a los solicitantes a preparar la demanda. Posteriormente, la demanda fue comunicada a España.

En el caso, los solicitantes se quejaron con éxito del establecimiento de un sistema oculto de videovigilancia llevado a cabo por el empleador detrás de los cajeros en la tienda, por violación de su derecho a la privacidad. En el caso hubo una violación de los requisitos del artículo 8 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. El caso no violaba los requisitos del artículo 6, párrafo 1, del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

 

CIRCUNSTANCIAS DEL CASO


Los solicitantes trabajaron como cajeros en un supermercado. Para llevar a cabo una auditoría sobre el hecho de la escasez, el empresario establecido en el sistema de vigilancia tienda incluye la cámara visible (que se informó a los solicitantes) y ocultos (que no son notificados de los solicitantes). Los solicitantes fueron despedidos después de que pudieron ver que estaban robando productos en los registros de las cámaras de video. La Corte Europea de los candidatos afirmó, entre otras cosas, que la vigilancia de vídeo oculta, establecido por su empleador, violó su derecho a la intimidad, garantizado por el artículo 8 de la Convención.


CUESTIONES DE DERECHO


Respecto al cumplimiento del artículo 8 de la Convención. La vigilancia clandestina de los empleados en su lugar de trabajo debe ser considerada como una interferencia significativa en su vida privada. Le permite obtener grabada y reproducida evidencia documental sobre el comportamiento de los empleados en su lugar de trabajo, que, al estar obligado por su contrato de trabajo, los trabajadores no pueden ser evitados. En consecuencia, las medidas abordadas han afectado la "vida privada" de los solicitantes.

Mientras que el propósito del artículo 8 de la Convención, sobre todo es proteger al individuo contra las injerencias arbitrarias de las autoridades públicas, que no obliga a un Estado a abstenerse simplemente de tal interferencia: además de esta empresa negativo básico de la necesidad de respetar de manera efectiva el derecho a la privacidad pueden surgir obligaciones positivas. Estas obligaciones pueden implicar la adopción de medidas destinadas a garantizar el respeto de la vida privada, incluso en la esfera de las relaciones entre varias personas. Por lo tanto, la Corte debe tener en cuenta, llegado si las autoridades del Estado demandado a la luz de sus obligaciones positivas en virtud del artículo 8 de la Convención, un justo equilibrio entre el derecho de los demandantes al respeto de su vida privada y el interés de su empleador en la protección de sus derechos de organización y de gestión, así como público interés en la forma de una administración de justicia adecuada.

vigilancia encubierta se aplicó después de que el corrector supermercado encontró una escasez, lo que provocó una sospecha razonable de robo, lo que podría hacer que la tienda de los solicitantes, otros empleados y visitantes. Los datos de imagen resultantes también estaban asociados con el almacenamiento y tratamiento de datos personales, que está estrechamente relacionado con la esfera privada de los individuos. Este material se trata a continuación, y estudió varias personas, actuar en interés de los solicitantes del empleador (incluyendo un representante del sindicato y el representante legal de la empresa), y esto fue antes de que el solicitante fue informado de la existencia de registros.

La legislación aplicada en el momento de los hechos en cuestión contenía disposiciones especiales sobre la protección de los datos personales. Tal como se reconoce por los tribunales internos, patrono de los solicitantes no cumple con la obligación de informar al objeto de recabar información sobre la existencia de métodos de recogida y tratamiento de sus datos personales, como es requerido por la legislación nacional. Además, las autoridades españolas han reconocido que los trabajadores no se les informó acerca de la instalación de sistemas de circuito cerrado de televisión, dirigido a la mesa de cajeros o sobre sus derechos bajo la Ley de protección de datos personales.

A pesar de esto, los tribunales nacionales consideran que la aplicación de las medidas estaban justificadas (porque había una sospecha razonable de tener robo cometido), en consonancia con el objetivo legítimo perseguido, son necesarias y proporcionadas, ya que no hay una protección eficaz similar de los derechos del empleador de manera que proporcionen una menor interferencia con la derecha solicitantes para el respeto de su vida privada.

Las circunstancias del presente caso diferían del caso considerado en las decisiones de la Corte Europea de Justicia "Karin Köpke contra Alemania" (Karin Köpke v. Alemania) (el 5 de octubre de 2010, la queja N 420/07). En el presente caso, la legislación vigente establece expresamente que cualquier persona que recoge datos personales debe informar a los sujetos de los métodos de recolección de datos de recopilación de datos y el procesamiento de sus datos personales. En una situación en la que el derecho de cada tema de la recolección de datos a ser informado de la existencia de la vigilancia encubierta, sus objetivos y la forma de claridad regulado y protegido por la ley, podría esperarse razonablemente que los candidatos a respetar su derecho a la privacidad. Además, en el presente caso, a diferencia del caso "Karin Cap contra Alemania," el establecimiento de circuito cerrado de televisión no fue precedida por una sospecha razonable frente a los solicitantes, y por lo tanto la vigilancia no estaba dirigida únicamente contra los solicitantes, y todo el personal que trabajaba por dinero en efectivo se encuentra, durante las semanas, sin límite de tiempo y durante todo el tiempo de trabajo. En el caso de la observación "Karin Cap contra Alemania" se limita a la temporización, que se llevó a cabo dos semanas, y sólo dos agentes fueron los objetos de observación. Sin embargo, en el presente caso, la decisión de tomar medidas de vigilancia se basó en una sospecha general de todos los trabajadores de la tienda en vista de las deficiencias identificadas por el controlador.

En consecuencia, el Tribunal no pudo estar de acuerdo con la opinión de los tribunales nacionales sobre la conformidad de las medidas adoptadas por el empleador con un objetivo legítimo en la forma de proteger el interés del empleador de garantizar la seguridad de sus derechos de propiedad.


DECISIÓN


El caso se refería a violaciones de los requisitos del artículo 8 de la Convención (aprobado por seis votos "a favor" en contra).

La Corte también resolvió por unanimidad que no hubo violación del artículo 6 § 1 de la Convención, en particular con respecto al uso de pruebas obtenidas en violación del artículo 8 de la Convención.


COMPENSACIÓN


En aplicación del artículo 41 del Convenio, el Tribunal otorgó a cada demandante 4.000 euros (4.000 euros) en concepto de daño inmaterial, se rechazó el reclamo por daño pecuniario.

 

Fuente de publicación: http://espchhelp.ru/blog/828-lopez-ribalda-y-otros-c-espana .

 

 

 

ECHR judgment of 09 January 2018 in the case of Lopez Ribalda and Others v. Spain (application No. 1874/13).

In 2013, the applicants were assisted in preparing the application. Subsequently, the application was communicated to Spain.

In the case, the applicants successfully complained about the establishment of a hidden video surveillance system carried out by the employer behind the cashiers in the store, on violation of their right to privacy. In the case there was a violation of the requirements of Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The case did not violate the requirements of article 6, paragraph 1, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

 

CIRCUMSTANCES OF THE CASE


The applicants worked as cashiers in a supermarket. In order to verify the shortage, the employer installed a surveillance system in the store that included visible cameras (reported to the applicants) and hidden (which the applicants were not notified about). The applicants were dismissed after they could see that they were stealing goods on records from video cameras. At the Court, the applicants alleged, inter alia, that the latent video surveillance installed by their employer violated their right to privacy guaranteed by Article 8 of the Convention.


ISSUES OF LAW


Concerning compliance with Article 8 of the Convention. Latent video surveillance of employees at their workplaces should be seen as a significant intervention in their privacy. It allows you to obtain recorded and reproduced documentary data about the behavior of employees at their workplace, which, being bound by the obligations of their employment contract, employees can not avoid. Accordingly, the measures addressed have affected the "private life" of the applicants.

Although the purpose of Article 8 of the Convention is mainly to protect a person from arbitrary interference by public authorities, it does not oblige the State simply to refrain from such interference: in addition to this basic negative obligation, positive commitments may also result from the need to effectively respect the right to privacy. Such obligations may include taking measures aimed at ensuring the observance of private life, even in the sphere of relations between several people. Thus, the Court must consider whether the authorities of the respondent State have achieved, in the light of their positive duty under Article 8 of the Convention, a fair balance between the applicants' right to respect for their private life and the interest of their employer to protect their organizational and managerial rights, as well as to the public interest in the form of proper administration of justice.

Hidden video surveillance was applied after the supermarket controller established the fact of shortage, which caused a reasonable suspicion of theft, which could have been committed by applicants, other employees and visitors to the store. The obtained visual data was also related to the storage and processing of personal data, closely related to the sphere of private life of individuals. This material was then processed and studied by several people acting in the interests of the employer of the applicants (including the trade union representative and the legal representative of the company), and this occurred before the applicants were informed of the existence of the records.

Legislation applied at the time of the events in question contained special provisions on the protection of personal data. As domestic courts recognized, the employer of the applicants failed to comply with the obligation to inform objects collecting information on the existence of ways to collect and process their personal data, as required by domestic law. In addition, the Spanish authorities acknowledged that the employees were not informed of the installation of a concealed video surveillance system aimed at the cashier's counter, or of their rights under the Personal Data Protection Act.

Despite this, the domestic courts considered that the measures applied were justified (as there was a reasonable suspicion of theft), met the stated legitimate aim, were necessary and proportionate, since there were no similar effective ways to protect the rights of the employer that would provide less interference with the law applicants for the respect of their private life.

The circumstances of the present case differed from the case considered in the Judgment of the European Court in the case of Karin Köpke v. Germany (dated October 5, 2010, complaint No. 420/07). In the present case, the legislation in force clearly established that anyone who collected personal data had to inform the data collection subjects about the ways of collecting and processing their personal data. In a situation where the right of each data subject to be informed of the existence of hidden video surveillance, its objectives and mode of implementation was clearly regulated and protected by law, the applicants could reasonably expect respect for their right to privacy. Furthermore, in the present case, unlike the case of Karin Kepke v. Germany, the establishment of hidden surveillance was not preceded by the existence of a well-founded suspicion of the applicants, and therefore the video surveillance was not directed solely against the applicants, but for all personnel working for the cash stands, during the weeks, with no time limit and during the whole working time. In the case of Karin Kepke v. Germany, the observation was limited to the deadline, it was carried out for two weeks, and only two officers were monitored. However, in the present case, the decision to take surveillance measures was based on a general suspicion of all shop workers in view of the shortcomings identified by the controller.

Consequently, the Court could not agree with the opinion of domestic courts on the conformity of measures taken by the employer with a legitimate aim in the form of protecting the employer's interest in ensuring the security of his property rights.


DECISION


The case involved violations of the requirements of Article 8 of the Convention (adopted by six votes "for" at one - against).

The Court also ruled unanimously that there had been no violation of Article 6 § 1 of the Convention, in particular regarding the use of evidence obtained in violation of Article 8 of the Convention.


COMPENSATION


In application of Article 41 of the Convention, the Court awarded each applicant 4,000 euros (EUR 4,000) in respect of non-pecuniary damage, the claim for pecuniary damage was rejected.

 

Source of publication: http://espchhelp.ru/blog/829-lopez-ribalda-and-others-v-spain .

 

 

Decreto da CEDH de 19 de dezembro de 2017, no caso de Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal (queixa n.º 56080/13).

 

Em 2013, o requerente foi ajudado na preparação da queixa. Posteriormente, a queixa foi comunicada a Portugal.

 

O caso examinou com sucesso a queixa do requerente de que a morte de seu marido foi causada por infecção no hospital devido a negligência e imperícia médica, que as autoridades disciplinares, criminais e civis a quem ela solicitou não estabeleceram a causa exata da súbita deterioração em sua saúde. seu marido, sobre a duração e o resultado dos processos internos. O caso envolveu uma violação dos requisitos do Artigo 2 da Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais.

 

 

 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO

 


Em novembro de 1997, após a cirurgia para remover pólipos nasais, pelo marido da requerente começou a meningite bacteriana que foi diagnosticado apenas dois dias depois que ele recebeu alta do hospital. Ele foi hospitalizado várias vezes, sofria de dor aguda no abdômen e diarréia. O marido do requerente morreu três meses após a operação como resultado de envenenamento do sangue causado por peritonite e perfuração do órgão oco do trato gastrointestinal.

 

Em 1998, a recorrente apresentou uma queixa às autoridades, alegando que não tinha recebido explicações do hospital sobre a deterioração repentina da saúde do marido e sobre a morte do marido. Em resposta à sua carta do inspetor de saúde iniciou uma investigação, e depois, em 2006 - o processo disciplinar contra um médico que foi suspensa até que os processos penais iniciadas em 2002. Os processos criminais terminaram em 2009 com a desculpa de um médico acusado de causar a morte por negligência grosseira. Em uma audiência separada, o Conselho Disciplinar Regional da Associação Médica decidiu não tomar mais nenhuma ação, concluindo que não havia dados sobre violação de disciplina ou negligência médica. Por último, o pedido de indemnização apresentado pela recorrente em 2003 foi rejeitado pela decisão de 2012, posteriormente confirmada pelo Supremo Tribunal Administrativo em 2013.

 

Os trabalhos da Convenção o requerente queixou-se ao abrigo do artigo 2 da Convenção sobre a morte de seu marido, como resultado de infecção no hospital infecção como resultado de negligência e negligência médica. Ela também reclamou que as autoridades disciplinares, criminais e civis às quais ela se candidatou não estabeleceram a causa exata da súbita deterioração da saúde do marido, a duração e o resultado dos procedimentos internos.

 

15 de dezembro de 2015 a Secção do Tribunal por cinco votos "para" dois - "contra" emitiu um decreto segundo o qual o caso tinha sido uma violação do artigo 2 da Convenção (direito à vida) em seu aspecto substancial - e, por unanimidade, que houve violação dos requisitos do Artigo 2 da Convenção em seu aspecto processual.

 


QUESTÕES DE DIREITO

 


Quanto ao cumprimento do artigo 2 da Convenção. (a) O aspecto substantivo. O Tribunal explicou a sua abordagem à questão da negligência médica da seguinte forma.

 

No contexto da alegada negligência médica, limitada ao dever de estabelecer um quadro regulamentar eficaz, de acordo com o qual o hospital (público ou privado) devem tomar medidas adequadas para proteger a vida dos pacientes obrigações positivas substantivas dos Estados relacionadas com a saúde. Mesmo nos casos em que a negligência médica tem sido estabelecidos, o Tribunal geralmente define uma violação substantiva do artigo 2 da Convenção, se o quadro regulamentar em causa não fornecer a proteção adequada de vida do paciente. Se as autoridades do Estado respondente a adoptar legislação adequada em assegurar elevados padrões profissionais para profissionais de saúde e de protecção da vida dos pacientes, problemas tais como uma decisão errada feita pela equipe médica, ou negligência na coordenação da sua acção no tratamento de um paciente em particular pode não ser suficiente para atrair as autoridades do Estado responsabilidade em termos de suas obrigações positivas de proteger a vida de acordo com o Artigo 2 da Convenção.

 

A questão do incumprimento pelas autoridades do Estado das suas obrigações regulamentares exige uma avaliação específica e não abstracta das alegadas insuficiências. A este respeito, a tarefa do Tribunal Europeu não é normalmente é avaliar in abstracto as leis e práticas aplicáveis, e para determinar se o seu uso era uma maneira de ter impacto sobre o requerente ou violação dos requisitos da Convenção. Assim, o fato de que o marco regulatório pode, em alguns aspectos, ser insatisfatório, não é suficiente para levantar a questão de acordo com o artigo 2 da Convenção. Deve ser provado que os regulamentos causaram danos ao paciente.

 

Além disso, deve-se enfatizar que a obrigação das autoridades de regulamentar esta questão deve ser considerada em um sentido mais amplo, o que inclui a obrigação de assegurar o funcionamento efetivo deste marco regulatório. Por conseguinte, as responsabilidades regulamentares abrangem as medidas necessárias para garantir a supervisão e a execução.

 

Com base nesta compreensão mais ampla do dever dos Estados de garantir que o quadro regulamentar, o Tribunal verificou que em circunstâncias muito excepcionais, como descrito abaixo nos parágrafos (a) e (b), da responsabilidade das autoridades do Estado respondente, de acordo com o aspecto substantivo do artigo 2 da Convenção pode surgem em relação a atos ou omissões na prestação de cuidados médicos, a saber, se (a) a vida de um paciente em particular é deliberadamente comprometida pela negação de acesso a uma emergência vital Esta exclusão não se aplica a circunstâncias em que o paciente é considerado como tendo recebido assistência insuficiente, incorreta ou inoportuna; (B) quando fraquezas sistêmicas ou estruturais na prestação de serviços médicos causou a privação do acesso do paciente para ajuda de emergência para salvar vidas, e as autoridades sabia ou deveria saber da ameaça e não tomou as medidas necessárias para impedir a sua implementação, colocando assim em perigo a vida do paciente.

 

O Tribunal está consciente de que a base nos factos do caso às vezes pode ser difícil distinguir entre os casos que afetam a negligência médica simples, e casos em que há uma negação de acesso a emergência vital, especialmente se ele pode ser uma combinação de fatores que levaram à morte do paciente. Para encaminhar o caso a esta última categoria deve ser alcançado de forma agregada as seguintes condições: (i) os actos e omissões de pessoas que prestam assistência médica deve ir além de um simples erro ou negligência médica se os médicos que prestam assistência médica em violação dos seus deveres profissionais, negou o paciente em atendimento médico de emergência, embora compreendam que a vida de uma pessoa está ameaçada pela falta dessa assistência; (ii) essa deficiência deve ser objetiva e efetivamente definida como sistêmica ou estrutural a ser atribuída às autoridades públicas, e não deve simplesmente se preocupar com um caso específico em que algo pode ser inadequado no sentido de funcionamento inadequado ou insatisfatório; (iii) deve haver um nexo causal entre a falha prejudicada e o dano causado ao paciente; (iv) essa deficiência deve resultar de uma falha do Estado em cumprir suas obrigações de fornecer uma estrutura regulatória no sentido amplo descrito acima.

 

Nas circunstâncias do presente caso, o Tribunal considerou que não havia dados insuficientes sobre (i) a recusa de tratamento médico, (ii) as fraquezas sistêmicas ou estruturais que afectam o hospital onde foi tratado o marido da requerente, ou (iii) a culpa imputada aos trabalhadores médicos, para além da o escopo de um mero erro ou negligência médica ou o não cumprimento por parte de profissionais da área médica de suas funções profissionais no fornecimento de atendimento médico de emergência. Assim, o caso envolveu alegações de negligência médica, o que significou o seguinte: as obrigações positivas substantivas das autoridades portuguesas foram criar um quadro regulamentar adequado que obrigue os hospitais, privados ou públicos, a tomar medidas eficazes para proteger as vidas dos pacientes. Tendo em vista as regras e normas impostas na lei e na prática do Estado demandado neste âmbito, o Tribunal chegou à conclusão de que o quadro regulamentar adequado não é indicativo das deficiências no que se refere a obrigação do Estado de proteger o direito à vida do marido da requerente.

 


DECISÃO

 


No caso, os requisitos do Artigo 2 da Convenção não foram violados (adotado por 15 votos "para" com dois - "contra").

 

(b) O aspecto processual. A Grande Câmara do Tribunal Europeu recordou que a obrigação processual, em conformidade com o artigo 2.º da Convenção no contexto da prestação de assistência médica, exigia, nomeadamente, que o processo fosse concluído dentro de um prazo razoável. Além da tarefa de respeitar os direitos inerentes ao Artigo 2 da Convenção em cada caso, o devido processo de negligência médica em um hospital também é importante para a segurança de todos os beneficiários de serviços de saúde. A duração dos três processos nacionais no caso do requerente (disciplinar, criminal e civil) não era razoável.

 

Além disso, para efeitos da obrigação processual nos termos do artigo 2 da Convenção do âmbito do inquérito, confrontado com as questões complexas que surgem em um contexto médico, não pode ser interpretado como tempo limitado e a causa imediata da morte de uma pessoa. Se houver uma prima facie seqüência afirmação discutível de eventos podem ser causados ​​pelas ações supostamente negligente que podem resultar em morte do paciente, em particular, no que diz respeito às alegações de infecção no hospital infecção, as autoridades poderiam esperar uma investigação completa sobre este assunto. No presente caso, não houve tais processos, e os tribunais do Estado demandado, em vez de uma avaliação global dos eventos considerados como uma sequência de acidentes médicos, não prestando muita atenção a como eles poderiam ser ligados. Como resultado, o sistema doméstico como um todo, confrontados com um caso discutível de negligência médica, que resultou na morte do marido da requerente, não forneceu uma resposta adequada e oportuna, consistente com a obrigação do Estado nos termos do artigo 2 da Convenção.

 


DECISÃO

 


A violação dos requisitos do Artigo 2 da Convenção (unanimemente) foi cometida no caso.

 


COMPENSAÇÃO

 


Na aplicação do artigo 41 da Convenção. O Tribunal atribuiu ao recorrente 23 000 euros a título de dano imaterial, o pedido de indemnização por danos materiais foi rejeitado.

 

 

 

Fonte de publicação: http://espchhelp.ru/blog/830-lopes-de-sousa-fernandes-v-portugal .

 

 

 

 

 

ECHR Decree of 19 December 2017 in the case of Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal (application No. 56080/13).

 

In 2013 the applicant was assisted in the preparation of the application. Subsequently, the application was communicated to Portugal.

 

The case successfully examined the applicant's complaint that her husband's death was caused by infection in the hospital due to negligence and medical malpractice, that the disciplinary, criminal and civil authorities she applied to did not establish the exact cause of the sudden deterioration in her health her husband, on the duration and outcome of domestic proceedings. The case involved a violation of the requirements of Article 2 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

 

 

 

CIRCUMSTANCES OF THE CASE

 


In November 1997, after an operation to remove nasal polyps, the applicant's husband started bacterial meningitis, which was diagnosed only two days after he was discharged from the hospital. He was hospitalized several times, he suffered from acute pain in the abdomen and diarrhea. The applicant's husband died three months after the operation as a result of blood poisoning caused by peritonitis and perforation of the hollow organ of the gastrointestinal tract.

 

In 1998, the applicant lodged a complaint with the authorities, alleging that she had not received explanations from the hospital why her husband's health had suddenly deteriorated and his death had come. In response to her letter, the Inspector General of Health initiated an investigation, and then, in 2006, a disciplinary procedure against one of the doctors, which was suspended pending a criminal case started in 2002. Criminal proceedings ended in 2009 with the excuse of a doctor on charges of causing death due to gross negligence. In a separate hearing, the Regional Disciplinary Council of the Medical Association decided not to take any further action, concluding that there were no data on violation of discipline or medical malpractice. Finally, the claim for damages brought by the applicant in 2003 was rejected by the decision of 2012, which was subsequently upheld by the Supreme Administrative Court in 2013.

 

In the conventional proceedings, the applicant complained under Article 2 of the Convention about the death of her husband as a result of infection in the hospital with an infection due to negligence and medical malpractice. She also complained that the disciplinary, criminal and civil authorities she applied to did not establish the exact cause of her husband's sudden deterioration in health, the length and outcome of domestic proceedings.

 

On December 15, 2015, the Chamber of the European Court issued a five-vote "yes" with two against the ruling, according to which the case was violated the requirements of Article 2 of the Convention (the right to life) in its substantive aspect - and unanimously there has been a violation of the requirements of Article 2 of the Convention in its procedural aspect.

 


ISSUES OF LAW

 


Concerning compliance with Article 2 of the Convention. (a) The substantive aspect. The Court has explained its approach to the issue of medical negligence as follows.

 

In the context of alleged medical malpractice, the substantive positive obligations of States related to medical care are limited by the obligation to form an effective regulatory framework, according to which hospitals (private or public) must take adequate measures to protect the lives of patients. Even in cases in which medical negligence was established, the Court usually establishes a substantive violation of Article 2 of the Convention if the relevant regulatory framework does not provide adequate protection for the patient's life. If the authorities of the respondent state have adopted adequate legislation to ensure high professional standards for medical workers and protect the lives of patients, problems such as the wrong decision made by medical personnel or negligence in coordinating their actions in the treatment of a particular patient can not be considered sufficient to attract state authorities party to responsibility in terms of their positive obligations to protect life in accordance with Article 2 of the Convention.

 

The question of non-fulfillment by the authorities of the state of their regulatory duties requires a specific, and not an abstract assessment of the alleged shortcomings. In this regard, the Court's task is usually not to assess in abstracto applicable law and law enforcement practice, but to determine whether the way in which they were applied or influenced the applicant violated the requirements of the Convention. Thus, the fact that the regulatory framework may in some respects be unsatisfactory is not sufficient to raise the issue in accordance with Article 2 of the Convention. It must be proved that the regulations have caused damage to the patient.

 

In addition, it should be emphasized that the authorities' obligation to regulate this issue should be considered in a broader sense, which includes the obligation to ensure the effective functioning of this regulatory framework. Consequently, the regulatory responsibilities cover the necessary measures to ensure supervision and enforcement.

 

On the basis of this broader understanding of the duty of States to provide a regulatory framework, the Court has recognized that, under the very exceptional circumstances described in paragraphs (a) and (b) below, the responsibility of the respondent Government in accordance with the substantive aspect of Article 2 of the Convention may arise in relation to acts or omissions on the provision of medical care, namely, if (a) the life of a particular patient is deliberately jeopardized by the denial of access to a vital emergency This exclusion does not apply to circumstances where the patient is deemed to have received insufficient, incorrect or untimely assistance; (b) when systemic or structural deficiencies in the provision of medical services have led to the deprivation of the patient's access to essential emergency assistance, and the authorities knew or should have known about this threat and failed to take the necessary measures to prevent its implementation, thereby jeopardizing the patient's life.

 

The Court is aware that, based on the facts of the case, it may sometimes be difficult to distinguish between cases involving simple medical negligence and cases where there is a denial of access to vital emergency assistance, especially if a combination of factors leading to the death of a patient may arise. In order to assign the case to the latter category, the following conditions must be achieved collectively: (i) the actions and inaction of persons providing medical care must go beyond mere error or medical negligence if doctors rendering medical care in violation of their professional duties refuse the patient in emergency medical care, although they understand that a person's life is threatened because of the lack of this assistance; (ii) this shortcoming should be objectively and effectively defined as systemic or structural to be attributed to public authorities, and it should not simply concern itself with a specific case where something may be inappropriate in the sense of improper or poor functioning; (iii) there must be a causal link between the impaired fault and the harm caused to the patient; (iv) this deficiency should result from a failure by a State to fulfill its obligations to provide a regulatory framework in the broader sense outlined above.

 

In the circumstances of the present case, the Court found that there was insufficient evidence of (i) denial of medical care, (ii) a systemic or structural defect involving hospitals where the applicant's husband was being treated, or (iii) guilt attributed to health professionals beyond the scope of a mere error or medical negligence or non-performance by medical professionals of their professional duties in providing emergency medical care. Thus, the case involved allegations of medical negligence, which meant the following: the substantive positive obligations of the Portuguese authorities were to create an adequate regulatory framework that obliges hospitals, private or public, to take effective measures to protect the lives of patients. In view of the detailed rules and standards introduced in the legislation and practice of the respondent State in the field under consideration, the Court concludes that the relevant regulatory framework does not indicate a flaw in the State's obligation to protect the right to life of the applicant's husband.

 


DECISION

 


In the case, the requirements of Article 2 of the Convention were not violated (adopted by 15 votes "for" with two - "against").

 

(b) The procedural aspect. The Grand Chamber of the European Court recalled that the procedural obligation in accordance with Article 2 of the Convention in the context of the provision of medical assistance required, inter alia, that the proceedings be completed within a reasonable time. In addition to the task of respecting the rights inherent in Article 2 of the Convention in each case, due process of medical malpractice in a hospital is also important for the safety of all recipients of health care services. The duration of all three national proceedings in the applicant's case (disciplinary, criminal and civil) was unreasonable.

 

In addition, for the purposes of the procedural obligation under Article 2 of the Convention, the scope of an investigation confronted with complex issues arising in the medical context can not be interpreted as limited to the time and direct cause of the death of a person. If there is a prima facie provable statement about the sequence of events possibly caused by an allegedly reckless act that could lead to the patient's death, in particular, as regards the allegation of infection in the hospital, an investigation could be expected from the authorities. In the present case, no such proceedings were conducted, and the courts of the respondent State, instead of conducting a general evaluation, considered the events as a succession of medical incidents, not paying particular attention to how they could be interconnected. As a result, the domestic system as a whole, faced with a provable case of medical negligence, which resulted in the death of the applicant's husband, did not provide an adequate and timely response consistent with the State's obligation under article 2 of the Convention.

 


DECISION

 


The violation of the requirements of Article 2 of the Convention (unanimously) was committed in the case.

 


COMPENSATION

 


In the application of Article 41 of the Convention. The Court awarded the applicant EUR 23,000 in respect of non-pecuniary damage, the claim for compensation for pecuniary damage was rejected.

 

 

 

Source of publication: http://espchhelp.ru/blog/831-lopes-de-sousa-fernandes-c-portugal .

 

 

Decisione della Corte EDU del 14 dicembre 2017 nel caso di Orlandi e altri c. Italia (ricorso n. 26431/12 e altri).

 

Nel 2012, i richiedenti sono stati assistiti nella preparazione della ricorso. La ricorso è stata successivamente comunicata in Italia.

 

Nel caso, il reclamo dei richiedenti al rifiuto delle autorità di registrare i matrimoni omosessuali conclusi all'estero è stato considerato con successo. Nel caso ci fosse una violazione dei requisiti dell'articolo 8 della Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

 

 

 

CIRCOSTANZE DEL CASO

 


Ai candidati, coppie dello stesso sesso che si sono sposate all'estero, è stato chiesto di registrare i loro matrimoni in Italia. Essi sono stati negati registrazione per i motivi che l'ordinamento italiano non consente coppie dello stesso sesso di contrarre matrimonio. A seguito della sentenza del 21 luglio 2015 sul caso "Oliari e altri contro Italia" (Oliari e altri c. Italia) (denuncia N 18766/11 e 36030/11), la normativa italiana prevede la conclusione delle unioni civili in Italia. decreti successivi, si è constatato che le coppie che hanno stipulato il matrimonio, unione civile o altro sindacato rilevanti all'estero possono registrare la loro unione come un civile sotto le leggi vigenti in Italia. L'ultimo atto normativo è entrato in vigore nel 2017 e la maggior parte dei richiedenti lo ha usato.

 

La Corte europea dei ricorrenti lamentavano ai sensi degli articoli 8, 12 e 14 della Convenzione sul rifiuto delle autorità di registrare i loro matrimoni all'estero.

 


QUESTIONI DI LEGGE

 


Per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 8 della Convenzione. Ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione e l'articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione, membri possono limitare l'accesso al matrimonio solo per le coppie di sesso opposto. Lo stesso vale per l'articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 12 della Convenzione. Tuttavia, le coppie omosessuali necessitavano di riconoscimento legale e protezione della loro relazione. Le unioni civili hanno offerto l'opportunità di ottenere lo status legale di uguale o simile al matrimonio in molti modi. In linea di principio, un tale sistema prima facie è sufficiente per soddisfare gli standard della convenzione. unioni civili (e la registrazione dei matrimoni all'estero come unioni civili) appare anche per fornire più o meno le stesse protezioni come il matrimonio, per quanto riguarda la coppia di chiavi ha bisogno di un rapporto stabile e impegnata. Attualmente i candidati possono iscriversi a un'unione civile o registrare il loro matrimonio come unione civile. A questo proposito, la Corte deve solo stabilire se il rifiuto di registrare il matrimonio di candidati in qualsiasi forma, lasciandoli in un limbo legale e privo di qualsiasi protezione, prima dell'introduzione della nuova normativa, la violazione dei loro diritti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

 

La domanda chiave è se sia stato stabilito un giusto equilibrio tra gli interessi in competizione. Il Governo convenuto non ha indicato una priorità per bilanciare l'interesse pubblico nell'interesse dei ricorrenti e il legittimo obiettivo del rifiuto di registrare il matrimonio, tranne che per le frasi generali su 'ordine pubblico interno.' A differenza di altre disposizioni della convenzione da parte del suo articolo 8 non include il concetto di "ordine pubblico" in un certo numero di obiettivi legittimi, nell'interesse della quale lo Stato potrebbe interferire nei diritti di una persona. Tuttavia, tenendo presente che è in primo luogo la legge dovrebbe stabilire le norme relative alla validità dei matrimoni e fare conclusioni giuridiche, la Corte ha già rilevato che la regolamentazione nazionale di registrazione del matrimonio deve soddisfare il legittimo obiettivo di prevenire i disordini. Così, la Corte potrebbe essere d'accordo ai fini della causa, che sono state prese le misure contestate per la prevenzione di disordini, in quanto la posizione del richiedente non è stato fornito dalla legislazione di Italia. L'essenza della questione sta nel fatto che la posizione dei ricorrenti non è previsto dalla legislazione del paese, soprattutto perché i ricorrenti non potevano invocare la tutela in Italia e le sue relazioni in qualsiasi forma, sia de facto o de jure Union in conformità con le leggi di uno stato straniero.

 

Il riconoscimento legale delle coppie omosessuali si sta rapidamente diffondendo in Europa. Un analogo rapido sviluppo è segnato in tutto il mondo, indicando un movimento internazionale proseguendo verso il riconoscimento legale di tali unioni. Finora, 27 paesi tra gli stati - partecipanti del Consiglio d'Europa hanno introdotto una legislazione che permette il riconoscimento delle coppie dello stesso sesso. Lo stesso non si può dire per la registrazione dei matrimoni omosessuali contratti all'estero, per i quali non esiste un consenso in Europa. In aggiunta agli stati - partecipanti del Consiglio d'Europa, in cui è consentito il matrimonio tra persone dello stesso sesso, informazioni di diritto comparato a disposizione della Corte (limitato a 27 Stati dove il matrimonio omosessuale non era a quel tempo consentito), indica che solo tre dei 27 Stati parti sono autorizzati a di registrare tali matrimoni, nonostante la mancanza (finora o nel periodo relativo alle circostanze del caso) nella loro legislazione matrimonio omosessuale. Di conseguenza, questa mancanza di consenso ha confermato che in linea di principio lo Stato dovrebbe avere un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la decisione sulla registrazione di tali matrimoni, come matrimoni, come in questo caso, i prigionieri all'estero.

 

Per quanto riguarda gli interessi dello Stato e della società nel suo complesso, per quanto riguarda l'evasione di registrazione di tali matrimoni per la prevenzione di disordini le autorità italiane potrebbe desiderare di tenere a bada il trattamento dei suoi cittadini in altri stati a specifiche istituzioni, che non sono riconosciuti a livello nazionale (come il matrimonio tra persone dello stesso sesso) e che Lo stato non è obbligato a riconoscere dal punto di vista della Convenzione. In effetti, i dinieghi nella presente causa erano il risultato della decisione di un legislatore di non consentire il matrimonio omosessuale: questa è una scelta non condannata dalla Convenzione. Di conseguenza, la Corte ha deciso che c'era un interesse dello Stato legittimo a garantire che le sue prerogative legislative siano rispettati e, di conseguenza, che era impossibile non prendere in considerazione la varietà di governi democraticamente eletti. Il rifiuto di registrare il matrimonio dei ricorrenti non li privano dei diritti, in precedenza riconosciuto in Italia, e le ricorrenti sono ancora in grado di godere nello stato in cui sono stati sposati, e tutti i diritti e gli obblighi acquisito nel matrimonio. Tuttavia, le decisioni di rifiutare la registrazione del loro matrimonio in qualsiasi forma, lasciando i richiedenti in un vuoto giuridico (prima dell'adozione di nuove leggi), non tenevano conto della realtà sociale della situazione. Infatti, dato lo stato della legislazione che ha avuto luogo prima dell'introduzione di nuove leggi, le autorità non potevano riconoscere formalmente l'esistenza legale dell'unione dei richiedenti. Non è stato individuato alcun interesse pubblico prevalente per giustificare una situazione in cui alle relazioni dei ricorrenti è stato negato il riconoscimento e la protezione.

 

Le autorità italiane non potevano ragionevolmente ignorare la situazione dei ricorrenti, che corrispondeva alla vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, senza offrire loro i mezzi per garantire la loro relazione. Tuttavia, fino a poco tempo fa, le autorità nazionali non hanno riconosciuto questa situazione o non hanno fornito alcuna forma di protezione per il sindacato dei ricorrenti a causa del vuoto giuridico esistente nella legislazione italiana. Ne consegue che lo Stato convenuto non ha stabilito un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti di qualsiasi, perché non fornisce al richiedente l'accesso a una base giuridica specifica che prevede il riconoscimento e la tutela dei loro unioni omosessuali.

 


DECISIONE

 


Nel caso ci fosse una violazione dei requisiti di cui all'articolo 8 della Convenzione (adottata con cinque voti "per" con due - "contro").

 

Sulla base dei risultati, a norma dell'articolo 8 della Convenzione necessariamente considera era se ci fosse stata una violazione anche dell'articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con gli articoli 8 e 12 della Convenzione.

 


COMPENSAZIONE

 


Nell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione. La Corte ha assegnato a ciascun candidato EUR 5.000 in relazione al danno non-patrimoniale.

 

 

 

Fonte di pubblicazione: http://espchhelp.ru/blog/832-orlandi-e-altri-c-italia .

 

 

 

 

 

Decision of the ECHR of 14 December 2017 in the case of Orlandi and Others v. Italy (application No. 26431/12 and others).

 

In 2012, the applicants were assisted in preparing the application. The application was subsequently communicated in Italy.

 

In the case, the applicants' complaint to the refusal of the authorities to register same-sex marriages concluded abroad was successfully considered. In the case there was a violation of the requirements of Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

 

 

 

CIRCUMSTANCES OF THE CASE

 


The applicants, same-sex couples who married abroad, were asked to register their marriages in Italy. They were denied registration on the grounds that the Italian legal system does not allow marriage by same-sex couples. Following the July 21, 2015 judgment of Oliari and Others v. Italy (Italy), Italian law provides for the conclusion of civil unions in Italy. Subsequent decrees established that couples who married, civic union or other appropriate union abroad could register their union as civil in accordance with Italian law. The last normative act came into force in 2017, and most of the applicants used it.

 

In the European Court, the applicants complained under Articles 8, 12 and 14 of the Convention that the authorities refused to register their marriages concluded abroad.

 


ISSUES OF LAW

 


Concerning compliance with Article 8 of the Convention. In accordance with Article 12 of the Convention and Article 14 of the Convention, in conjunction with Article 8 of the Convention, States may restrict access to marriage only for couples of different sexes. The same applies to article 14 of the Convention, in conjunction with article 12 of the Convention. Nevertheless, same-sex couples needed legal recognition and protection of their relationship. Civil unions provided an opportunity to obtain the legal status of equal or similar to marriage in many ways. In principle, such a prima facie system is sufficient to meet convention standards. Civil unions (and the registration of marriages concluded abroad as civil unions) also seem to have provided more or less the same protection as marriage for the key needs of the couple in a stable and faithful relationship. Currently, applicants can join a civil union or register their marriage as a civil union. In this connection, the Court must establish only whether the refusal to register the applicants' marriage in any form, leaving them in a legal vacuum and without any protection, pending the enactment of new legislation, a violation of their right under Article 8 of the Convention.

 

The key question is whether a fair balance was established between the affected competing interests. The authorities of the respondent State did not indicate a priority public interest in balancing the interests of the applicants and the legitimate aim of refusing to register marriages, except for the general phrase regarding "internal public order". Unlike other provisions of the Convention, Article 8 does not include the notion of "public order" among the legitimate aims for which the State could interfere with a person's rights. However, bearing in mind that, first of all, legislation should determine the rules regarding the validity of marriages and draw legal conclusions, the Court has previously recognized that the domestic regulation of the registration of marriages must meet the legitimate aim of preventing disturbances. Thus, the Court could agree for the purposes of the case that the impugned measures were taken to prevent unrest, since the applicants' situation was not provided for by Italian law. The essence of this case lies precisely in the fact that the situation of the applicants is not provided for by the law of the country, especially since the applicants could not claim recognition and defense in Italy of their relations in any form, be it de facto union or de jure union in accordance with the legislation of a foreign state.

 

The legal recognition of same-sex couples is rapidly spreading in Europe. Similar rapid development is noted on a global scale, pointing to the continuing international movement towards the legal recognition of such marriages. So far, 27 countries from among the member states of the Council of Europe have introduced legislation allowing the recognition of same-sex couples. The same can not be said for the registration of same-sex marriages concluded abroad, for which there is no consensus in Europe. In addition to the member states of the Council of Europe, in which same-sex marriage is permitted, the comparative legal information available to the European Court (limited to 27 states where same-sex marriage was not allowed at that time) shows that only three of the 27 participating States allow register such marriages, despite the absence (to date or in the period relevant to the circumstances of the case) in their legislation of same-sex marriage. Consequently, this lack of consensus confirmed that States in principle should have wide margin of appreciation regarding the decision to register marriages of such marriages as in the present case concluded abroad.

 

With regard to the interests of the state and society as a whole, in order to avoid registration of such marriages in order to prevent disorders, the authorities of Italy might want to keep from appealing their citizens in other states to specific institutions that are not recognized at the domestic level (such as same-sex marriage) and who The state is not obliged to recognize from the point of view of the Convention. Indeed, the refusals in the present case were the result of a lawmaker's decision not to allow same-sex marriage - this is a choice not condemned by the Convention. Accordingly, the Court decided that there was a legitimate interest of the State in ensuring that its legislative prerogatives were respected and, therefore, that it was impossible not to take into account the choice of democratically elected Governments. The refusal to register the applicants' marriage did not deprive them of their rights previously recognized in Italy, and the applicants could still enjoy in the state in which they married any rights and bear the obligations acquired in such a marriage. However, decisions to refuse registration of their marriage in any form, leaving applicants in a legal vacuum (before the adoption of new laws), did not take into account the social realities of the situation. Indeed, given the state of the legislation that took place before the introduction of new laws, the authorities could not formally recognize the legal existence of the applicants' union. No prevailing public interest was identified to justify a situation in which the applicants' relations were denied recognition and protection.

 

The Italian authorities could not reasonably disregard the situation of the applicants, which corresponded to family life within the meaning of Article 8 of the Convention, without offering them a means of securing their relations. However, until recently, the domestic authorities did not recognize this situation or did not provide any form of protection for the applicants' union as a result of the legal vacuum that existed in Italian law. It follows that the authorities of the respondent state did not establish a fair balance between any competing interests, as they did not provide applicants with access to a specific legal framework providing for the recognition and protection of their same-sex unions.

 


DECISION

 


In the case there was a violation of the requirements of Article 8 of the Convention (adopted by five votes "for" with two - "against").

 

In the light of the withdrawal in accordance with Article 8 of the Convention, it is not necessary to consider whether the case was also in violation of the requirements of article 14 of the Convention in conjunction with articles 8 or 12 of the Convention.

 


COMPENSATION

 


In the application of Article 41 of the Convention. The Court awarded each applicant EUR 5,000 in respect of non-pecuniary damage.

 

 

 

Source of publication: http://espchhelp.ru/blog/833-orlandi-and-others-v-italy .